El veto parental que Vox ha llamado pin parental fue una de sus propuestas estrella en la campaña electoral del pasado abril. La medida pretende obligar a la dirección de los centros educativos a informar a las familias de todas las actividades complementarias organizadas dentro del horario lectivo, así como establecer el derecho de los progenitores a dar su consentimiento o no a cada uno de esos talleres con una “autorización expresa”, según el formulario que ha elaborado la formación de Santiago Abascal. Se trata de que la dirección de los centros educativos pida la autorización de los padres para dar a los niños “charlas, talleres o actividades con carga ideológica o moral contraria a sus convicciones”. Con esta medida, por ejemplo, los padres podrán vetar la educación sexual, si así lo desean.

La polémica

El debate sobre lo que Vox ha querido acuñar como pin parental resurgió el pasado martes, después de que el partido de Abascal incluyera en su listado de exigencias para apoyar los presupuestos de la Región de Murcia —PP y Ciudadanos necesitan el voto de un diputado de Vox para alcanzar la mayoría absoluta— que se añada este aspecto en la normativa educativa (hasta ahora solo ha sido una instrucción de la consejería a los centros). La ministra de Educación, Isabel Celaá, anunció este jueves que su ministerio lo recurrirá por vía judicial. Celaá advirtió que este veto parental es contrario al artículo 1 de la actual ley de educación (Lomce) sobre “la formación integral del alumno”, a las propias normas autonómicas y a la ley contra la violencia de género.

El origen del nombre

Las críticas también vienen porque la formación política ha empleado un término que está ampliamente extendido entre los padres como un concepto tecnológico de protección. El pin parental es una clave que ofrecen varias plataformas para bloquear en la televisión o el ordenador determinados contenidos que los padres consideren que no son apropiados para sus hijos, por ser violentos o explícitamente sexuales. Vox ha querido trasladar a la educación el concepto de pin parental, en lugar de hablar de veto, para que se perciba como una protección y no una censura en los contenidos como la educación sexual y afectiva o el medio ambiente.

La raíz del problema

La idea de Vox sobre el pin parental surgió, según miembros de la comunidad educativa, a consecuencia del descontento de algunos colectivos como el Foro de la Familia —una organización civil ultraconservadora— con la participación de asociaciones LGTBI externas a los centros educativos en actividades sobre diversidad afectivo-sexual.

Qué dice el formulario de Vox

El formulario que la formación de Abascal mantiene publicado en su sitio web, con las instrucciones para que los progenitores lo entreguen en los centros educativos de sus hijos, argumenta que ante la “posibilidad” de que los hijos puedan ser “adoctrinados” en “ideología de género”, el padre solicita al centro que informe previamente “a través de una autorización expresa” sobre cualquier actividad “que afecte a cuestiones morales socialmente controvertidas o sobre la sexualidad”. Si el centro no cuenta con la autorización de la familia, expone Vox, se solicita que se “exima la asistencia” del alumno a la actividad.

¿Es viable?

Desde el punto de vista normativo, este veto parental sería, en teoría, inviable. Las comunidades autónomas establecen que las actividades complementarias en los colegios e institutos —que, a diferencia de las extraescolares, se desarrollan en horario lectivo— son obligatorias para todos los alumnos y evaluables, por lo que los padres no pueden negarse a que sus hijos reciban este tipo de formación. Por otra parte, todos los talleres complementarios se incluyen en la programación anual de los centros, lo que quiere decir que son públicos y accesibles para los familiares.

Qué ocurre en Murcia

En agosto, la Consejería de Educación emitió una orden a todos los centros educativos, desde infantil hasta bachillerato, en la que se requería ese consentimiento familiar para las actividades complementarias, y que fue duramente criticado por sindicatos, oposición y comunidad educativa, que incluso pusieron en duda su legalidad. Ciudadanos firmó el jueves en la comunidad un acuerdo con el PP (sus socios de Gobierno) y Vox para sacar adelante el presupuesto de 2020 que incluye el pin parental.

Fuente: El País

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